• Declaración de los señores Jorge Muñoz Araya y Carlos Lizama Hernández en comunicado de prensa difundido a los medios de comunicación de Costa Rica.

Mediante sentencia notificada el día 11 de octubre de 2022, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia acogió favorablemente el recurso de casación que presentamos dentro del largo proceso de defensa de nuestros derechos vulnerados en el año 2016, por parte del Consejo de Gobierno y la presidencia de la UCCAEP, presidida por el señor Franco Pacheco, que culminó con la destitución ilegitima de nuestros cargos de directores de la Junta Directiva del INA.

En el mismo año 2016, presentamos una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el Consejo de Gobierno y la UCCAEP, denunciando la ilegalidad de su proceder, y señalando las numerosas infracciones que se habían cometido en nuestro perjuicio, por falta de debido proceso, violación de numerosas normas de la Ley General de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica del INA, la Constitución Política y, en el caso de la UCCAEP, sus propios Estatutos y Código de Ética.

También, objetamos la violación a la ley orgánica del INA, que exigía al Consejo de Gobierno, un informe previo de la Contraloría General de la República. Sorprendentemente, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo rechazó aquella demanda, aduciendo que, por ser la UCCAEP una entidad de derecho privado, dicho Tribunal carecía de competencia para incluirla en un litigio del ámbito contencioso administrativo. Precisamente, esa sentencia fue la que recurrimos en casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema Justicia, que acogió nuestros argumentos.

Los hechos que provocaron este enfrentamiento se remontan a fines del año 2015 y los primeros meses del año 2016, cuando quedó vacante el puesto de gerente general del INA, cuya elección era potestad exclusiva de la Junta Directiva de la institución. Para llenar la vacante, se efectuó un concurso en el que obtuvo el primer lugar la Licenciada Ileana Leandro, en ese momento Gerente Técnica de la institución. A pesar del resultado del concurso, los representantes del gobierno en la Junta Directiva, los señores Víctor Morales Mora, ministro del Trabajo, Carlos Alvarado, su sucesor en el cargo, y Minor Rodríguez, Presidente Ejecutivo del INA, patrocinaron la candidatura de otra persona, cuyo puntaje en la evaluación era inferior y cuyo perfil arrojaba dudas acerca del cumplimiento del período de cuatro años que la ley establecía.

En los días previos a la votación, se dio un fuerte “lobby” sobre los seis directores que representaban a los sectores sociales y empresariales, por parte de los representantes del gobierno, para que la votación fuese a favor de su candidato. El lobby, liderado primero por el ministro Morales Mora, y luego, por el ministro Alvarado, tuvo efecto sobre dos directores, uno del sector social y uno del empresarial, que cambiaron sus votos en favor del candidato del gobierno. Debido a ello, el candidato del gobierno obtuvo 5 votos contra 4 de la licenciada Leandro.

El mismo día de la votación, recibimos sendas llamadas del Director Ejecutivo de la UCCAEP, en representación del presidente de la organización, Franco Pacheco, y un mensaje escrito, en los que se nos ordenaba votar por el candidato propuesto por el gobierno, amenazándonos con un proceso de destitución, si desobedecíamos.

Ambos le manifestamos al Director Ejecutivo, que la UCCAEP carecía de competencia legal en materia de nombramiento del gerente general del INA, ya que esa función es exclusiva y personal de los miembros de la Junta Directiva del INA. Asimismo, le explicamos las observaciones que tenían sobre el candidato del gobierno y sus dudas acerca de si podría desempeñar el puesto por los cuatro años exigidos por la ley.

Con posterioridad, el señor Pacheco, presidente de la UCCAEP, junto al Director Ejecutivo y el Fiscal de UCCAEP, iniciaron una persecución en nuestra contra, acusándonos de haber violado el código de ética de UCCAEP, al haber desobedecido una directriz del presidente de esa organización respecto del nombramiento de gerente del INA.

A pesar de que presentamos fuertes argumentos contrarios a que la presidencia de la UCCAEP se prestara para apoyar decisiones de índole más políticas, que técnicas, no fuimos escuchados. Ejemplo de esta abusiva persecución, fue que un documento de apelación redactado por nuestros asesores jurídicos, dirigido al Consejo Directivo de la UCCAEP, no fue entregado a los miembros de ese órgano, no fue objeto de análisis, ni fue respondido, lo que provocó que los miembros del Consejo Directivo solo conocieran la versión de los hechos del presidente, el señor Pacheco. De esta manera, el Consejo Directivo de la UCCAEP, fue inducido a tomar un acuerdo erróneo e ilícito en nuestra contra.

Otro hecho abusivo y prepotente, fue que un acuerdo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, del 28 de junio del 2016, en respaldo de don Jorge Muñoz, en el que se pedía la revisión del proceso de destitución enviado a la UCCAEP, tampoco fuese tomado en cuenta, a pesar de que el nombramiento del señor Muñoz en la Junta Directiva del INA, se había originado en la propuesta de esa cámara empresarial.

De este modo, la UCCAEP, por medio de su presidente, Franco Pacheco, le proporcionó al gobierno un pretexto ilegítimo para destituir a dos directores de la Junta Directiva del INA, que les resultaban molestos, porque en sus actuaciones ponían el interés público institucional por encima de los intereses políticos del gobierno de turno.

Como triste corolario, es oportuno recordar que la persona elegida como Gerente del INA, luego de tanto lobby y presiones ilegítimas del gobierno de la época y del señor Franco Pacheco, renunció al puesto a los pocos meses, confirmando los pronósticos pesimistas surgidos de la evaluación técnica hecha en el concurso.

Hasta el día de hoy, no se conoce las posibles verdaderas razones de este comportamiento tan extraño del presidente de la UCCAEP, señor Pacheco, en conjunto con el ex ministro del Trabajo Morales Mora y el expresidente de la República, entonces ministro del Trabajo, Carlos Alvarado. Si se abriera un período de audiencia en un nuevo juicio contencioso administrativo, tal vez, se podría preguntar lo siguiente: ¿Había alguna relación entre esta persecución y la investigación que nosotros como directivos solicitamos sobre la contratación en el INA de un ex chofer del Ministerio del Trabajo, detenido en la frontera sur, en un carro del Ministerio, con un contrabando de licores? Así como otras preguntas sobre otros temas sujetos a investigación, que después de nuestra destitución quedaron paralizadas.

Cualquiera sean las respuestas, resulta evidente que no es conveniente que ningún presidente de la UCCAEP repita un comportamiento tan poco independiente frente al poder político.

Nosotros, los señores Muñoz y Lizama hacemos votos, también, para que los gobiernos siguientes, incluyendo el actual, no repitan este tipo de actuaciones erróneas e ilegales, sobre todo en instituciones tan estratégicas como lo es el INA.

Igualmente, esperamos, como miembros reconocidos y de larga participación del sector empresarial costarricense, que la UCCAEP no vuelva a confundir colaboración respetuosa con servilismo, en su relación con los gobiernos de turno.

Jorge Muñoz Araya
Director vitalicio honorario de la Cámara de Industrias de Costa Rica

Carlos Lizama Hernández
Premio pionero del Turismo Costarricense