En un reciente informe del Banco Mundial se señalan varios aspectos en los que Costa Rica no es competitiva, destacándose el exceso de trámites y barreras burocráticas a las que son sometidos los ciudadanos y las empresas en su quehacer diario y en la gestión de sus actividades económicas.

Personalmente, he sido testigo del entrabamiento progresivo, que han tenido los emprendimientos e iniciativas individuales, debido al crecimiento incontrolado de normas y reglamentos de diferente índole, muchas innecesarias o reiterativas. Mi ámbito de acción se circunscribe al Sector Turismo y al del transporte aéreo, pero sé que esta misma experiencia se aplica a todos los sectores económicos del país.

Hasta el año 1988 trabajé en el gobierno y no recuerdo que en aquella época tuviéramos tantas trabas como las que existen en la actualidad. Así mismo, me parece coincidente el exceso de leyes y reglamentos con un crecimiento exagerado en la cantidad de abogados que hay en el país. Resultaría interesante promover un estudio, bajo la hipótesis de que existe una relación directa entre la cantidad de abogados y la de leyes, decretos y regulaciones de nuestro ordenamiento jurídico.

Instituciones Públicas que en la década de los 80s se manejaban muy bien, con uno o dos abogados y un asistente, en la actualidad cuentan con 10 o más, y a pesar de ello, pareciera que son insuficientes ante la abrumadora cantidad de normativas que hay que aplicar de previo a cualquier decisión.

Y hay situaciones ridículas, como que no se le recibe al titular de un derecho, que lo está ejerciendo de cuerpo presente, un documento firmado por él mismo, si su firma no está autenticada por un abogado… ¡Como si la cédula de identidad o la presencia física no fueran suficientes para probar quién es! Además, se siguen pidiendo certificados de delincuencia que no tienen ningún valor ni interés para resolver.

En este contexto, nos llevamos un alegrón de burro, en el año 2002, cuando se aprobó la ley -denominada de forma muy llamativa y esperanzadora- de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, número 8220, la cual se quedó en solo el nombre. No conozco ningún caso en el que efectivamente se haya aplicado, derogando o modificando regulaciones inútiles. Todo lo contrario, se han incrementado este tipo de normas abiertamente contradictorias con esa legislación.

Dentro de este panorama desalentador, hace pocas semanas hubo un rayo de esperanza -algo así como una punción de acupuntura bien puesta por el mejor médico chino-, al publicarse en la Gaceta el Decreto Ejecutivo 35280 MEIC-S-TUR, por el que, en lugar de crear un nuevo reglamento, se eliminó uno previamente existente y se dejó la actividad, que antes tenía una reglamentación especial, bajo la competencia de normas sanitarias y turísticas de carácter general.

Ojalá esto no sea otro alegrón de burro y, por el contrario, en otras instituciones del Estado, los abogados sigan este ejemplo de eliminación de normas innecesarias, atacando con una punción correcta cada lugar donde se necesita de esta curación para así eliminar paulatinamente esta enfermedad. Más aún, me atrevería a recomendarle al ministro de Competitividad y al Colegio de Abogados, que se estimule entre los departamentos legales de las instituciones del Estado, mediante un concurso de propuestas, el que se premie las mejores iniciativas de eliminación de normas innecesarias. Estoy seguro de que los propios abogados de esas oficinas lo agradecerán y los ciudadanos, lo agradeceremos más.