Los Parques Nacionales son uno de nuestros mayores orgullos. El hecho de destinar más de un 25% del territorio nacional a la protección de los recursos naturales, llama la atención internacionalmente ya que nos sitúa como un país responsable y sostenible, comparable con naciones como Suiza, que ha sido líder en esta materia desde el siglo XIX. Para el sector turismo, son el principal motivo de viaje a Costa Rica, para más de un 60% de los turistas que nos visitan.
Serias denuncias. Por esto son preocupantes las constantes denuncias de expertos, funcionarios y, más recientemente, de los medios de comunicación, sobre el desfinanciamiento que los afecta. A ello se agregan las quejas de los propios turistas asombrados ante la pobreza que aprecian en el cuido de tan valioso patrimonio.
Esta carencia de recursos denunciada abarca desde los aspectos más sustanciales, como lo son los pagos de las expropiaciones, muchos de ellos pendientes desde hace años, y la falta de cuidado mínimo que tienen sus valiosas especies de flora y fauna y las malas condiciones laborales que afectan a los guardaparques.
Personalmente, he sufrido estas circunstancias cada vez que viajo al Parque Nacional Manuel Antonio, del cual soy visitante frecuente. Así mismo, hace aproximadamente seis meses visité, acompañando a la ministra de Cultura y a otras distinguidas personalidades, el Parque Nacional Arqueológico El Guayabo, en Turrialba, y pude sentir la congoja de los guardas del parque ante el catastrófico estado de los servicios higiénicos para visitantes.
La pregunta que surge espontáneamente es: ¿Cómo es posible que no cuidemos ni destinemos como país y como Gobierno los recursos mínimos necesarios?
La respuesta no es tan simple: los recursos existen desde hace años; no obstante, por causa de nuestro burocrático Estado, no han sido invertidos para los fines previstos en las leyes.
Para probar esta afirmación, solo es necesario un poco de memoria. Hace unos 15 años, siendo yo miembro de la junta directiva de CANATUR, recibimos al entonces ministro de Ambiente, Dr. René Castro, quien nos propuso resolver el tema del financiamiento de los Parques Nacionales mediante un fuerte incremento en las tarifas de ingreso. La idea nos pareció inicialmente peligrosa pues temíamos que ello podría provocar un desestímulo a la visitación de parte de los turistas, pero finalmente la aceptamos y apoyamos ya que nos convencimos de que por esa vía íbamos a tener Parques Nacionales debidamente protegidos.
Recursos perdidos. Con las tarifas, desde entonces y hasta ahora, se han recaudado millones de dólares, que lamentablemente en lugar de invertirse en los Parques, como era la intención original, se han perdido en los profundos bolsillos de la caja única del Estado.
Otro recuerdo: existe una ley que creó un fondo con el propósito asegurar los recursos requeridos para el Parque Nacional Manuel Antonio. Sin embargo, a pesar de estar vigente, durante varios años no se han girado los montos acumulados.
Otro ejemplo es lo ocurrido con el Parque Marino Las Baulas, donde donaciones hechas por entidades filantrópicas ambientalistas de los Estados Unidos, para pagar las expropiaciones de terrenos, se han utilizado solo parcialmente. El riesgo, en este caso, puede ser mayor, ya que podría afectar la credibilidad de Costa Rica como destinatario de futuras donaciones para este u otros Parques.
Es claro que el problema no es de recursos, sino de que éstos no se empleen de acuerdo a los fines previstos en la legislación que los sustentan. Es posible que de todos modos se requieran más recursos, para lo que hay que aplicar una fuerte dosis de creatividad y voluntad, además de garantizar que el destino de los fondos no sea nuevamente desviado.
Ojalá el actual ministro de Ambiente asuma el liderazgo que le corresponde y pueda romper estos nudos gordianos que amenazan a su sector y, como rebote, también al sector turismo.
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